Uno de los problemas para fomentar la cultura emprendedora es el mal ejemplo de la
falta de ética y la corrupción de ciertos empresarios y más si ocupan puestos de
responsabilidad en grandes empresas, organizaciones empresariales o
instituciones. Los casos de Gerardo Diaz Ferrán y Arturo Fernández, son relevantes,
pero desgraciadamente no aislados, de corrupción empresarial.
Estas muestras de comportamiento delictivo o poco ético han de ser sancionadas
lo más rápida y ejemplarmente posible por las propias instituciones a las que
pertenecen los corruptos y con mucha mayor razón si tienen cargos en ellas. Los
corruptos existirán siempre, pero la permisividad de la corrupción, es el
ejemplo más visible de lo degradada que puede estar una organización
empresarial. Es desde luego, la Justicia,
el arma del estado de derecho para combatir la corrupción, pero es la sociedad
la que ha reaccionar para eliminarla con el rechazo social a los corruptos.
En algunas organizaciones empresariales, existen códigos éticos en el que hay
una comisión interna que estudia los comportamientos poco éticos de sus
miembros. Sin embargo, esas comisiones han de tomar decisiones sobre personas
significadas de la propia institución, como el reciente caso de Arturo
Fernández en el CEIM, por el uso (y abuso) de las tarjetas B de Bankia, que
dada la evidencia de su comportamiento y aunque no esté todavía imputado, la
propia institución debería resolver de forma contundente e inmediata.
Para reforzar a las comisiones internas, los códigos éticos deberían
incorporar normas objetivas y de ejecución automática, del tipo: a) Si una
persona está imputada o procesada y ostenta un cargo, está lo dejará
automáticamente de forma cautelar, b) Si la persona del caso anterior pasa a
ser acusada tras la instrucción, debería causar baja de la institución de forma
también cautelar y c) Si la persona es condenada debería causar baja definitiva
y en caso de que fuese declarada inocente debería ser restituida como miembro y
en su caso en sus cargos.
Obviamente, los puntos a los que me he referido anteriormente, pueden ser igualmente
válidos para otras instituciones, como partidos políticos, sindicatos, consejos
de entes públicos o privados, fundaciones públicas o privadas, cámaras de
comercio e incluso a asociaciones culturales o deportivas, etc. Sin embargo, estoy
hablando aquí de organizaciones empresariales, porque quiero abordar la
necesidad de su ejemplaridad, para no desmotivar a los más jóvenes en la aventura
de crear su empresa.
Por eso creo, que son necesarias unas normas de ejecución automática, duras quizás, como exigencia social y objetiva de una ética para empresarios.
