Estamos en un país cuyo tejido empresarial es poco innovador, cosa que en
este blog ya se ha dicho varias veces. En un mundo globalizado, esta situación
conduce a tener que competir en precio y no en valor añadido. Como consecuencia,
los salarios son y serán bajos y el bienestar social se resentirá. No hay
soluciones milagrosas, pero está claro de que es necesaria una respuesta que
implica un cambio de muchos aspectos de la cultura de la sociedad y de su organización,
entre otros aspectos, los que afectan al modelo productivo.
La innovación y el emprendimiento son piezas clave para que los países sean
competitivos. Sin embargo, las administraciones y otras instituciones públicas tienen
un ADN muy alejado de esta filosofía tanto en la toma de decisiones como en el
funcionamiento de sus propias estructuras. Normalmente culpamos a los políticos
de esta situación, que también lo son, sin embargo, hay otro colectivo más
callado, pero que es la base de que las organizaciones públicas sean muy conservadoras,
poco innovadoras y donde el intra-emprendimiento es prácticamente inviable: los
funcionarios.
Los funcionarios y en particular a los altos funcionarios son una clase
privilegiada en un mundo donde la inestabilidad laboral es cada día más
habitual. Todo el mundo quiere ser funcionario (yo lo he sido durante 35 años)
y debería poder ser así, pero la dinámica de competitividad de los países hace
que esto, hoy día, sea un privilegio de clase. De casta que diría Pablo
Iglesias desde Podemos. Los puestos vitalicios están desapareciendo y no es
justo que una parte de la ciudadanía tenga unos derechos que a partir de unas
oposiciones puedan disfrutar de por vida el sueño del puesto vitalicio.
Hasta a los políticos se les elige cada cuatro años. Sin embargo, a los
funcionarios se les escoge de por vida y en la gran mayoría de los casos la
valoración del rendimiento de los mismos es algo que solamente aparece en los
discursos i no hay repercusiones reales en su seguridad, ni prácticamente en su
salario.
A parte de una injusticia comparativa respecto a otros empleados, este
estatus desincentiva a otras personas a asumir riesgos, como asumen los
emprendedores. Para ser funcionario, se debería exigir un tiempo de experiencia
laboral (10 años), y un límite de permanencia a los nuevos funcionarios (por
ejemplo otros diez años). La Administración cambiaría radicalmente y la
sociedad también, ya que estos tendrían que prepararse para un futuro tan
incierto como para el resto de los mortales. Las administraciones y sus
trabajadores públicos, tendrían sangre nueva permanentemente, que mirarían con otros
ojos como estaría la sociedad en la que se encontrarán cuando vuelvan al mundo
real.
Los emprendedores son los que más alto grado de riesgo de temporalidad tienen,
aunque esta también afecta a los trabajadores y hasta a los políticos. ¿Por qué
no la de los funcionarios? Es como si hubiese dos clases de trabajadores cuyo
estatus serían el de material fungible y material inventariable.