Las políticas de futuro a largo plazo proyectadas por los gobiernos tienen unos costes y unos índices de fracaso que no se permitirían fácilmente en empresas privadas eficientes. Aunque, sin embargo, esto también ocurre en empresas sistémicas (grandes bancos, energéticas, transportes, etc.), donde además, los directivos, en muchos casos, tienen comportamientos depredadores del sistema y hasta de la propia empresa.
Las instituciones gubernamentales no suelen gestionar eficientemente. Están condicionadas por demasiadas presiones y por el tiempo de duración de las legislaturas. Los políticos, hasta los pocos que están capacitados, fracasan de manera estrepitosa. El problema es que tanto su propio partido, como los consultores y asesores, actúan y aconsejan alegremente cuando el dinero que está en juego es de los ciudadanos y no el propio. Por ejemplo, las políticas de construcción de lo que ahora se llama infraestructuras fantasma (aeropuertos, ferrocarriles,...) que no aguantarían el menor análisis crítico objetivo de su eficiencia.
Me gustaría hablar solamente de incompetencia en la gestión, sin embargo, el verdadero fantasma que planea sobre las infraestructuras fantasma es la corrupción que envuelve a los políticos, a personajes próximos al poder y a grandes empresas como bancos-cajas o constructoras que tienen que conseguir encargos medrando desde los ayuntamientos hasta en los palcos de los grandes campos de fútbol.
Para resolver el problema no hay soluciones mágicas. Sin embargo, a corto plazo, la justicia ha de intervenir como está empezando hacer, pero con mucha más celeridad, encausando a los más poderosos y mejor blindados, sin permitir que salgan indemnes o que el delito prescriba. A largo plazo la solución es cultural y esto está ligado a la educación y no a la justicia. El problema es que en este caso los tiempos se miden en generaciones y no en legislaturas.
