viernes, 15 de mayo de 2015

Material fungible y material inventariable

Estamos en un país cuyo tejido empresarial es poco innovador, cosa que en este blog ya se ha dicho varias veces. En un mundo globalizado, esta situación conduce a tener que competir en precio y no en valor añadido. Como consecuencia, los salarios son y serán bajos y el bienestar social se resentirá. No hay soluciones milagrosas, pero está claro de que es necesaria una respuesta que implica un cambio de muchos aspectos de la cultura de la sociedad y de su organización, entre otros aspectos, los que afectan al modelo productivo.
La innovación y el emprendimiento son piezas clave para que los países sean competitivos. Sin embargo, las administraciones y otras instituciones públicas tienen un ADN muy alejado de esta filosofía tanto en la toma de decisiones como en el funcionamiento de sus propias estructuras. Normalmente culpamos a los políticos de esta situación, que también lo son, sin embargo, hay otro colectivo más callado, pero que es la base de que las organizaciones públicas sean muy conservadoras, poco innovadoras y donde el intra-emprendimiento es prácticamente inviable: los funcionarios.
Los funcionarios y en particular a los altos funcionarios son una clase privilegiada en un mundo donde la inestabilidad laboral es cada día más habitual. Todo el mundo quiere ser funcionario (yo lo he sido durante 35 años) y debería poder ser así, pero la dinámica de competitividad de los países hace que esto, hoy día, sea un privilegio de clase. De casta que diría Pablo Iglesias desde Podemos. Los puestos vitalicios están desapareciendo y no es justo que una parte de la ciudadanía tenga unos derechos que a partir de unas oposiciones puedan disfrutar de por vida el sueño del puesto vitalicio.
Hasta a los políticos se les elige cada cuatro años. Sin embargo, a los funcionarios se les escoge de por vida y en la gran mayoría de los casos la valoración del rendimiento de los mismos es algo que solamente aparece en los discursos i no hay repercusiones reales en su seguridad, ni prácticamente en su salario.
A parte de una injusticia comparativa respecto a otros empleados, este estatus desincentiva a otras personas a asumir riesgos, como asumen los emprendedores. Para ser funcionario, se debería exigir un tiempo de experiencia laboral (10 años), y un límite de permanencia a los nuevos funcionarios (por ejemplo otros diez años). La Administración cambiaría radicalmente y la sociedad también, ya que estos tendrían que prepararse para un futuro tan incierto como para el resto de los mortales. Las administraciones y sus trabajadores públicos, tendrían sangre nueva permanentemente, que mirarían con otros ojos como estaría la sociedad en la que se encontrarán cuando vuelvan al mundo real.

Los emprendedores son los que más alto grado de riesgo de temporalidad tienen, aunque esta también afecta a los trabajadores y hasta a los políticos. ¿Por qué no la de los funcionarios? Es como si hubiese dos clases de trabajadores cuyo estatus serían el de material fungible y material inventariable.