En el post
anterior hacía referencia a los costes y las trabas administrativas existentes
para crear una nueva empresa en este país y que cuando la empresa recién creada
fracasa, cosa que suele ocurrir con frecuencia, el problema se puede convertir
en un drama legal y administrativo.
En algún momento
de lucidez a alguien en algún ministerio se le ocurrió una solución, aunque
parcial y limitada al ámbito educativo. Esta idea dio lugar a la disposición
adicional novena de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización.
En dicha ley
aparecía el articulado correspondiente a la llamada miniempresa o empresa de
estudiantes con las siguientes características:
1. La miniempresa
o empresa de estudiantes se reconoce como herramienta pedagógica.
2.
Reglamentariamente, se determinarán los requisitos, límites al estatuto de
miniempresa o empresa de estudiantes y los modelos que facilitarán el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y contables.
3. La miniempresa
o empresa de estudiantes deberá inscribirse por la organización promotora del
programa miniempresa en el registro que se habilitará al efecto, lo que
permitirá a la miniempresa realizar transacciones económicas y monetarias,
emitir facturas y abrir cuentas bancarias.
4. La miniempresa
o empresa de estudiantes tendrá una duración limitada a un curso escolar
prorrogable a un máximo de dos cursos escolares. Deberá liquidarse al final del
año escolar presentando el correspondiente acta de liquidación y disolución.
5. La miniempresa
o empresa de estudiantes estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil
u otra garantía equivalente suscrito por la organización promotora.
Aunque la ley
planteaba la miniempresa como un instrumento educativo, la iniciativa podría
permitir hacer funcionar un proyecto emprendedor como si fuese una empresa
durante dos años. Esta experiencia podría permitir saber si un proyecto
emprendedor tenía recorrido y hacer posteriormente un traspaso suave para crear
la empresa definitiva o si por el
contrario se debía abandonar.
Esta iniciativa
podría haber sido una magnífica experiencia para fomentar el emprendimiento y
la creación de nuevas empresas entre los estudiantes y si fuese un éxito,
extenderlas a toda la sociedad.
Sin embargo, las iniciativas innovadoras en la
Administración tienen poco recorrido en este país, siempre es más probable
pararlas que ponerlas en funcionamiento.
Como decía el
Conde de Romanones: Ustedes hagan la ley y déjenme a mí el Reglamento. Pues
bien, desde hace más de dos años y medio, el reglamento que debería regular
estas miniempresas está en manos de algún Romanones que lo tiene congelado.
