El Nobel de Economía Paul Romer, ha estudiado los problemas que para
el crecimiento económico supone lo que él llama el impuesto de la corrupción.
Romer incluye en esta expresión, tanto la corrupción de las estructuras de una administración,
como la ineficiencia de su burocracia.
El caso de la corrupción directa puede afectar a funcionarios y
políticos en todos los niveles de la administración, desde el municipal al
gobierno del propio estado. En el ámbito nacional, la corrupción permite que
solamente las grandes empresas puedan acceder a favores a los que no pueden llegar
las pequeñas que no tienen las influencias necesarias para con el poder. En cuanto
a la ineficiencia el impuesto es también una forma de corrupción indirecta que obstaculiza
que las pequeñas empresas puedan superar las trabas burocráticas de la
administración por falta de recursos.
En las startups en el sentido lean (las que todavía no están
constituidas como empresas), la ineficiencia administrativa crea barreras
burocráticas que dificultan la consolidación de nuevos proyectos emprendedores
que serían las empresas del mañana, barreras que se presentan en formatos como la
burocracia inútil o los impuestos ilógicos.
España durante las últimas décadas ha padecido los dos aspectos de
ese impuesto y aunque las cosas parecen mejorar en el primero, no lo hacen
todavía en el segundo. El cambio no va a llegar a corto plazo por una decisión
interna de modernización de la propia administración, sino que será una
transformación obligada por soluciones alternativas externas. Las modernización
digital de ciertas administraciones en países de la propia UE como Estonia
donde es posible crear empresas on-line legales para cualquier país de la UE van
a obligar a muchas administraciones europeas, y en particular a la española, a
romper con el inmovilismo.
